Esta mañana se ha reunido la mesa sectorial de la concertada con el consejero de Educación para abordar los temas que están siendo debate estos días en el seno de la comunidad educativa. Tras dicha reunión la PLATAFORMA POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA EN LA RIOJA sigue denunciando la falta de diálogo por parte del “consejero del diálogo” y manifiesta además lo siguiente:

  • Las medidas que se proponen para la vuelta al colegio en la fase 2 de desescalada no garantizan en absoluto la seguridad de alumnos, familias, docentes y resto de personal. La reapertura de los centros debe hacerse teniendo en cuenta criterios estrictamente sanitarios. Por ello consideramos, y así se ha expuesto, que no debe realizarse dicha vuelta. Sólo segundo curso de bachillerato podría ser la excepción.
  • Esta posible vuelta precipitada desmantela todo el sistema de educación a distancia que, con tanto esfuerzo se ha puesto en marcha desde los centros. Obliga a cambiar unos horarios ya establecidos, con alumnos y familias, solo para las escasas tres semanas que restarían de curso escolar.
  • Son medidas que siguen siendo confusas. No concretan cupo máximo de alumnos o qué criterios se emplearán para decidir que un niño entre en el colegio y otro no.
  • Al mismo tiempo, la consejería no contempla ninguna partida económica destinada a sufragar los gastos derivados de la adaptación de los centros a las medidas sanitarias necesarias para mantener la seguridad de todos. Exigimos que esta partida sea planificada.
  • En este contexto de desescalada, y ante el inminente proceso de escolarización, la mesa ha incidido de nuevo en la necesidad de alargar el período, con el objetivo de facilitar a las familias dicho proceso. Pedimos a la administración que se replantee los plazos para el proceso de escolarización y exigimos que se mantenga la vía presencial para la formalización de las solicitudes. La vía telemática no es una opción para muchas familias.
  • En la reunión se ha aprovechado para reiterar al consejero de Educación que el aumento unilateral aprobado de las ratios mínimas es discriminatorio y un ataque directo a la concertada. Exigimos un replanteamiento de posturas y que, como se venía haciendo, al igual que otras Comunidades Autónomas, se establezca un coeficiente corrector que se adecúe a la realidad de todos los centros y la natalidad actual.
  • Por último, la mesa ha exigido que se mantengan las unidades concertadas actuales ya que es momento de sumar y no de recortar o eliminar recursos unilateralmente para afrontar el curso que viene en relación a los retos que se enfrentan.

 

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