Con motivo de la reciente celebración del día de la Comunidad Educativa, las Asociaciones, entidades sociales e instituciones educativas abajo firmantes queremos expresar nuestro descontento y preocupación con las declaraciones y decisiones tomadas en política educativa, tanto a nivel estatal como en nuestra región. Por eso, con el presente escrito

MANIFESTAMOS:

• Primero: Toda persona posee unos derechos fundamentales, innatos, universales e inviolables, que no son concedidos por ningún Estado sino que son inherentes a su propia dignidad.
• Segundo: La dignidad de la persona humana, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social en un Estado democrático y de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político.
• Tercero: Entre estos derechos se encuentra el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el  Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en la Constitución Española, entre otras normas e instrumentos nacionales e internacionales.
• Cuarto: Estos tratados presuponen el papel fundamental de la familia como primer y preferente ámbito educador, contemplan que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana y reconocen y garantizan el derecho que asiste a los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones, lo que implica que  todas las familias puedan elegir el proyecto o centro educativo en el que escolarizar a sus hijos. El Estado, la Iglesia y cualquier otra institución pública o privada son colaboradores en esta noble tarea.
• Quinto: Conforme al artículo 9.2 de la Constitución Española, los poderes públicos deben promover las condiciones para que tal libertad sea real y efectiva; así como eliminar los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

Por todo ello RECLAMAMOS:

• Primero: Que se reconozca y se garantice el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, también en la escuela, tanto en la de titularidad pública como en la de iniciativa social. Este derecho incluye garantizar la posibilidad de acceder a la enseñanza religiosa en la escuela.
• Segundo: Que se respete el derecho a la libertad de enseñanza por encima de ideologías y del debate político, sin más límite que el establecido en el orden constitucional.
• Tercero: Que, a través de una oferta educativa plural, se garantice a los padres la posibilidad de elegir el tipo de educación deseada para sus hijos y la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Sin la confluencia de estas dos libertades no hay libertad de enseñanza.
• Cuarto: Que la Administración garantice la gratuidad de la enseñanza básica, consagrada en nuestra Constitución como un derecho de todas las familias, por medio del sostenimiento con fondos públicos de los centros, en cuantía suficiente para la prestación del servicio educativo, con independencia del tipo de educación y de centro elegido para sus hijos, garantizados los principios constitucionales, y que deberá asegurarse a través de los conciertos educativos. La reducción de unidades en la red concertada, con amplia demanda social, perjudica, en primer lugar, a las familias con menos recursos, que verán truncado su derecho a elegir, por falta de posibilidades económicas.
• Quinto: Que, según dicta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, las administraciones respeten la complementariedad de la red pública y la red concertada, velando por la coexistencia de ambas redes en igualdad de condiciones, como garantía de libertad, integración e igualdad. Rechazamos cualquier pretensión de confrontar artificialmente ambas redes.
• Sexto: Que la oferta de plazas, tanto en la escuela de titularidad pública como en la escuela de iniciativa social, no se realice de forma unilateral por parte de la Administración, sino atendiendo sobre todo al interés real de los ciudadanos, explicitado cada curso con la demanda social.
• Séptimo: Que no se tome ninguna medida que pueda perjudicar la calidad de enseñanza, como la anunciada reducción de unidades. En nuestro país y en nuestra comunidad autónoma debe afrontarse con determinación el reto demográfico que supone la bajada de la natalidad. Desde el ámbito educativo, pedimos a nuestras administraciones que la situación se aborde como una oportunidad para impulsar la calidad de la enseñanza, a través de medidas que la comunidad educativa viene reclamando insistentemente; entre otras, reducir las ratios ordinarias y mínimas de alumnos por unidad, mejorar las dotaciones para orientación y tutoría, incrementar los apoyos para los alumnos con dificultades o reducir la carga lectiva docente. Estas medidas mejorarían la calidad de la enseñanza y evitarían una pérdida importante de puestos de trabajo.

En consecuencia, HACEMOS UN LLAMAMIENTO

a las familias, a las asociaciones e instituciones educativas, a los estamentos de la comunidad educativa, a las Administraciones educativas, a los partidos políticos y a la sociedad civil en general, a reflexionar y tomar conciencia de estos derechos y libertades fundamentales que están siendo cuestionados y restringidos, a asumir las obligaciones y responsabilidades que de ellos emanan, a participar en la vida pública en el ámbito educativo mediante un diálogo sereno, constructivo y no excluyente, y a unir los esfuerzos de manera coordinada y eficaz en el reconocimiento, promoción y defensa de los mismos.

Urge que las administraciones competentes y todos los sectores afectados concentremos nuestros empeños en lograr un gran pacto educativo integrador que garantice realmente un sistema estable basado en la libertad, la pluralidad, la igualdad y la calidad de la educación que no esté comprometido, bajo ningún concepto, con intereses partidistas y arbitrarios, sino con el bien general de la educación como derecho universal de las generaciones actuales y futuras.