Esta mañana se ha celebrado la última de las reuniones de la Comisión de Conciertos Educativos. Con la aprobación del acta, se ha dado traslado al consejero de Educación de las decisiones de dicha comisión celebrada la pasada semana y la votación, en contra, de la propuesta de eliminar diez aulas en centros concertados de Logroño. Aunque es un órgano consultivo, durante años las decisiones y las votaciones de esta comisión eran escuchadas y consensuadas. “Hasta la fecha de hoy donde, una vez más, se ha vuelto a poner de manifiesto la falta de diálogo y consenso del que hacía gala el consejero a comienzos de legislatura. A pesar del voto en contra de la comisión, la Consejería de Educación ha trasladado hoy a los centros la misma propuesta que trasladó a la mesa la pasada semana, sin una sola modificación. Siguen proponiendo eliminar 10 unidades, siguen privando del derecho a elegir a las familias antes de que comience incluso el proceso de escolarización”, ha denunciado Carlos Torres, portavoz de la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja.

Han sido días intensos para los miembros de esta comisión, tanto para los representantes de la Administración como para el resto de portavoces de los centros, sindicatos, municipios y familias. En las reuniones se han venido exponiendo posturas, debatido y sometido al proceso democrático de la votación. “Todos estos esfuerzos han resultado baldíos, ya que el señor Cacho, haciendo gala de su habitual querencia por el diálogo y el consenso, ha desoído los resultados de órgano consultivo y sigue adelante con su hoja de ruta, marcada desde que comenzase la legislatura y trasladando a los centros su intención inicial de eliminación de las diez aulas”, ha continuado explicando Carlos Torres.

La Plataforma recuerda que esta eliminación de aulas se ha cimentado en una resolución a partir de la cual se ha decidido elevar de forma irracional la ratio mínima de alumnos por aula para la escuela concertada. “La Consejería de Educación basa este aumento en un supuesto desequilibrio entre ambas redes que, como ya hemos demostrado y denunciado públicamente con los datos de la propia Administración, tal desequilibrio no existe en la actualidad. Todavía estamos esperando a que el Consejero explique de dónde salen esos datos, por lo que seguimos pidiendo su dimisión”, ha finalizado Carlos Torres.

Ahora se abre por delante un periodo de 10 días para que cada centro afectado pueda realizar sus alegaciones.

Súmate a la concertada, ¡comparte!